Sanahuja es uno de esos empresarios catalanes con estirpe y discreta actuación. Sin el escándalo de las viviendas con aluminosis del Turó de la Peira, casi nadie sabría de este promotor y de su grupo familiar (Sacresa) que lleva construyendo viviendas en Barcelona desde hace dos generaciones. Pero en 2003, con un fortunón en el bolsillo, consiguió sentarse en el consejo de Metrovacesa. Desde entonces, la inmobiliaria que presidía Joaquín Rivero y controlaba junto a su socio Bautista Soler fue su sueño. Empezó aumentando su participación en el capital, pero las desavenencias con Rivero y Soler le llevaron a actuar con opas hostiles que acentuaron aún más la división. En 2009 consiguió la presidencia de la inmobiliaria después de desgajarle la francesa Gecina, que se la quedó Rivero. Coincidió su triunfo con la crisis del sector y la depreciación de su parte y de sus otros activos. Su fortuna, edificada tocho a tocho, se depreció con rapidez. El dinero pedido a los bancos para pagar las opas había que devolverlo y los problemas se amontonaron pese a su buen caché. La situación ha estallado cuando esta semana se ha conocido que el grupo Sacresa está en situación de insolvencia, maquillada como una supuesta negociación con la banca acreedora de los 1.500 millones que adeudan las sociedades familiares. Ni los 75 millones que Sanahuja obtuvo del generosísimo Institut Català de Finances para entrar en Metrovacesa impidieron que los problemas de liquidez se amontonaran y ahora los libros van camino del juzgado. El sueño ha acabado en una vulgar pesadilla empresarial.